Encrucijadas en la defensa de la biodiversidad

Fernando Estañol-Tecuatl

La biodiversidad constituye la base material para la existencia de la civilización humana. Por biodiversidad entendemos, en su sentido más general, al conjunto de especies vivientes, de sus componentes bioquímicos, de sus variantes genéticas y de los complejos ecológicos que configuran.

En los últimos siglos se ha acelerado estrepitosamente la pérdida de biodiversidad debido al crecimiento irracional del capitalismo industrial que implica tanto la voracidad extractiva de las riquezas naturales, como su destrucción y derroche. Por eso, para la IV Internacional y para cualquier humano consciente del ecocidio acelerado y global, la organización de las fuerzas sociales necesarias para detener esta erosión del entramado biológico planetario es una tarea central de todo movimiento emancipador. Es una tarea clave y fundamental para mantener las condiciones y recursos necesarios para construir un mundo más justo. Por eso, el socialismo en nuestros días debe ser ecosocialismo.

Del 4 al 17 de diciembre de 2016 se realizó en Cancún, Quintana Roo, la décima tercera Conferencia de las Partes 13 (COP13) sobre el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional de carácter vinculante firmado por 193 países a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (la “Cumbre de Río”) en 1992. El CDB merece especial atención por ser el principal instrumento del orden mundial actual para conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y asegurar el reparto equitativo de los beneficios por el uso de la misma.

Naturalmente, en un mundo capitalista, marcado por la desigualdad en la distribución de la riqueza, el CDB expresa conflictos entre múltiples intereses contrapuestos y con distinta capacidad de influencia; desde los pueblos indígenas y comunidades rurales (blanco de despojos en la medida en que sus territorios albergan una gran parte de la biodiversidad terrestre) hasta las empresas transnacionales en busca de mercantilizar la naturaleza, pasando por las organizaciones ambientalistas y científicas (que aportan datos duros en pro de la conservación pero oscilan políticamente entre uno u otro bando) y por cúpulas gubernamentales (en su mayoría alineadas con los intereses empresariales).

El resultado de dichos conflictos son medidas parciales, muchas en beneficio de las corporaciones y que no han logrado frenar la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, no se han establecido frenos efectivos a la industria ganadera, una de las principales causas de pérdida de hábitat y de contaminación, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero. En esta COP 13 ha permeado cada vez más lógica mercantil de la “economía verde”. Por ello no se ha podido establecer más candados precautorios a la biología sintética y sus productos; esa lógica mercantil ha impedido que los pueblos indígenas tengan, salvo notables excepciones (como en el proceso social de El Salvador), incidencia en las políticas ambientales, además de que siguen padeciendo la expoliación de su conocimiento tradicional, recursos y territorios.

La COP13 fue usada por el gobierno mexicano como fachada de sus políticas ambientalmente negligentes y ecocidas. Por ejemplo, los funcionarios peñistas se vanagloriaron de la creación (todavía sin programas de manejo ni de financiamiento) de cuatro nuevas Reservas de la Biosfera (Gran Caribe Mexicano, Sierra de Tamaulipas, Pacífico Mexicano Profundo e Islas del Pacífico), a pesar de que en meses anteriores semidesmantelaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la que despidieron personal y en la que pusieron a cargo a administradores pro-empresariales, como Alejandro del Mazo Maza (“mirrey” del Partido Verde y amigo de Peña Nieto), a lo que se suma la aprobación de importantes recortes presupuestales en el sector ambiental para 2017 y una iniciativa de Ley General de Biodiversidad que podría flexibilizar el marco legal de la conservación en pro de intereses mercantiles.

El gobierno mexicano pretendió mostrarse como vanguardia de la conservación biológica, cuando incrementa y defiende la entrega del territorio para la realización de proyectos mineros, carreteros, energéticos, agropecuarios y turísticos, entre otros, que devastan tanto a las comunidades como a los ecosistemas. Fue trágicamente elocuente que esa COP se realizara en una región cuya biodiversidad ha sido devastada por la construcción de grandes complejos hoteleros y comerciales (véanse, por ejemplo, los recientes casos del Malecón Tajamar y del desarrollo en Punta Nizuc).

La complicidad gubernamental con las empresas se expresa abiertamente mediante la represión (policial, militar y paramilitar) contra las resistencias al ecocidio, la impunidad ante las muertes de ecologistas (véanse los casos de ambientalistas asesinados, como recientemente ocurrió con el líder rarámuri Isidro Baldenegro López) y la aprobación de manifestaciones de impacto ambiental deficientes (amañadamente realizadas por empresas privadas, como en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

Las cúpulas empresariales en México ya se organizan para sacar su parte del botín de la biodiversidad bajo los esquemas auspiciados por el Convenio de Diversidad Biológica. Tal es el caso de la recientemente formada Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, integrada por Walmart, Televisa, Syngenta, Grupo Bimbo, entre otros fundadores.

Por su parte, los movimientos sociales tuvieron una respuesta relativamente débil en torno a la COP 13: los referentes más avanzados en este sentido fueron la “Caravana de la Diversidad Biocultural” y la “Cumbre Múuch’tambal sobre Experiencia Indígena: Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica y Cultural”. Esta debilidad se debe, en parte, a la falta de claridad que impera en muchas organizaciones en cuanto a la importancia de una lucha de conjunto por la biodiversidad. Por ejemplo: ciertas corrientes de izquierda autodenominadas como “ecosocialistas” relegan a segundo plano esta cuestión para centrarse en el cambio climático, sobre el que ya de por sí hacen una agitación vaga y simplista.

También es necesario trascender visiones meramente sectoriales, gremialistas y localistas para así articular un cada vez más necesario movimiento amplio y unitario en defensa de la biodiversidad (diversidad biocultural, en un sentido más amplio), ligándolo a la lucha contra el ecocidio en todas sus dimensiones, que forje alianzas entre las comunidades indígenas y campesinas, trabajadores periurbanos y urbanos, científicos comprometidos con la sociedad, feministas, antiespecistas y ambientalistas. Estamos convencidos de que esta lucha necesariamente entrará en conflicto con la naturaleza expoliadora del sistema económico capitalista y el régimen político oligárquico actual. Finalmente, se trata de organizar la lucha por la Vida (de la naturaleza, la biodiversidad, de la especie humana) contra la lógica de muerte que encarna esa fuerza enajenada que es el capital.