Partido Revolucionario de los Trabajadores
Pereyra 69, Col. Viaducto Piedad, C.P. 68200, México, D.F.
Tel. 5590 0969
PRESENTACIÓN | DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS | PROGRAMA | ESTATUTOS
La propuesta en tomo a la que se ha organizado el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) es la de una nueva sociedad, una nueva organización social en el marco del socialismo. Es ésta una definición básica en la Declaración de Principios del PRT. Sin embargo el PRT no se conforma como un grupo de propaganda ideológica en tomo a este objetivo socialista, sino que se constituye como un Partido para la acción política que une la lucha actual del pueblo trabajador con ese objetivo. Por eso no respondemos a las necesidades, demandas y luchas actuales simplemente con la propuesta de un futuro socialista indeterminado en el tiempo, sino que proponemos un programa de acción que busca responder a las necesidades actuales, inmediatas, del pueblo mexicano pero que al mismo tiempo cree las condiciones tanto materiales como de organización, conciencia y experiencia política para unirlo a la perspectiva del socialismo.
En consecuencia, propagandizamos el objetivo socialista no como un mero ideal indeterminado e indefinido para el futuro, sino como una utopía a la que es posible acercarse por medio de la acción política y luchando en torno a un programa de transición entre la situación actual, caracterizada por la globalización de la explotación capitalista y la falta de democracia en nuestro país, así como por el justo reclamo de cada vez más amplios sectores del pueblo de poner fin a esta situación, por un lado y el objetivo socialista por el otro. Se trata, por eso de un Programa de acción porque no se limita a propuestas legislativas o de gobierno, sino un programa de lucha a conseguir en primer lugar con la acción y participación de las masas populares.
I. Conquistar la democracia
II. Independencia política de los trabajadores
III. Contra la carestía de la vida
IV. El PRT y la lucha de los campesinos
V. Por una reforma urbana integral
VI. Por la democratización de los centros de enseñanza
VII. Por la liberación de la mujer
VIII. Por una lucha consecuentemente ecologista
IX. Por la lucha contra el imperialismo
X. Por el internacionalismo proletario
XI. Por un gobierno de obreros y campesinos
XII. Medidas para llevar a la practica el programa del PRT
El obstáculo principal e inmediato para el desarrollo político económico y social del pueblo trabajador, pero también en general para la nación en su conjunto, especialmente en el debilitamiento de la soberanía nacional, lo constituye la existencia del sistema de partido de Estado prevaleciente en nuestro país después de la derrota de las masas campesinas y populares en la revolución de principios de siglo. Aun en el marco del capitalismo este sistema político se caracteriza por la falta de democracia, pero por esta circunstancia el interés por conquistar la democracia va más allá de los socialistas y de las fuerzas proletarias y se convierte cada vez más en un reclamo nacional. La lucha por la democracia tiene por ello una dinámica revolucionaria pues cuestiona la base del sistema sobre las que se fundan todas las desigualdades e injusticias. La conquista de la democracia puede ocurrir por medio de la acción política del pueblo trabajador yen unidad con sectores democráticos de otras clases sociales, pero no existen bases en la experiencia histórica para prever un acuerdo de fin de régimen con los representantes de ese régimen en agonía. Será la acción y unidad del pueblo lo que finalmente imponga el cambio a la democracia. Para lograrla será necesaria:
1.- Sufragio efectivo. Respeto al voto y contra todo tipo de fraude electoral
La consigna histórica de 1910 mantiene su validez ante la persistencia de un sistema que no respeta el voto y recurre a diversas formas de fraude, modernizando desde el antiguo robo de urnas hasta el fraude cibernético. Desde diversos sectores de la sociedad van surgiendo las demandas particulares que impidan esta burla al voto tales como él sacar al gobierno de los órganos electorales, el contar con un nuevo y confiable padrón electoral, topes en los gastos de campaña y equidad en los medios de comunicación. Todas estas demandas particulares apuntan al objetivo político de lograr que el derecho constitucional a elegir, sea respetado.
2.- lndependencia de poderes. Representación proporcional completa e integral en el Legislativo
Para acabar con el presidencialismo despótico que subordina al Ejecutivo a los otros poderes debe lograrse una real independencia entre los mismos. En el caso del Legislativo proponemos que su integración sea por medio de la representación proporcional de todas y cada una de las fuerzas políticas que participen en el proceso electoral, sin cláusulas de gobernabilidad ni sobre representación de ninguna fuerza. La falta de democracia en el partido del gobierno y la subordinación de sus legisladores al Ejecutivo cuando hay sobre representación en el Legislativo del partido de gobierno, subordina al Legislativo como tal. Si hubiera representación proporcional completa obliga a las fuerzas representadas a un debate y acuerdo por la vía democrática y no por medio del mayoriteo antidemocrático.
3. Plena libertad de asociación y organización políticas. Contra el sistema de registros
El derecho constitucional de asociación ha sido limitado y restringido por leyes secundarias, particularmente las electorales. En el afán totalitario de que el Estado debe tener el control de todo lo que ocurre en la sociedad se han establecido sistemas de registro legal que limitan el derecho de asociación al imponerle condicionantes y buscar someterles a controles y chantajes por medio de ese reconocimiento legal. Con los partidos y agrupaciones políticas se repite el esquema del reconocimiento legal de los sindicatos, limitando un derecho que debería ser la exclusiva responsabilidad de los interesados. El reconocimiento de los derechos de asociación no deberla estar condicionado a porcentajes de votación o la entrega de listas de afiliados con nombres y domicilios de los mismos ni a la definición al detalle de los contenidos de los documentos básicos de cada partido, elementos que son responsabilidad de los miembros de cada organización. Los porcentajes de votación de cada partido deben ser el criterio para definir los cargos de elección popular -más si hubiera representación proporcional completa- y no para condicionar el reconocimiento legal de los partidos y agrupaciones políticas. La libertad de asociación para ser completa debe incluir la afiliación individual y voluntaria a los partidos y eliminar la afiliación forzosa y forzada, es decir corporativa, de los sindicatos y organizaciones campesinas y populares al partido del gobierno. El corporativismo también debe acabarse en las organizaciones empresariales.
4.- Reforma democrática municipal para hacerlo realmente libre
La descentralización y la invocación al federalismo que se hace en la actualidad no son suficientes para acabar con el centralismo que existe en el país como expresión adicional del presidencialismo y la ausencia de democracia. Para darle sustento al municipio se requiere una reforma que redistribuya las facultades y competencias en materia hacendaria entre la federación y los estados para que la descentralización no sea simplemente el reparto de la miseria que mantenga la subordinación de las autoridades municipales al poder central. Al mismo tiempo la democratización tiene que darse a nivel local y asegurar el cabildo abierto y las asambleas populares para que haya participación y debate amplios sobre las decisiones que afectan a la comunidad.
5.- Respeto a los derechos y la participación ciudadana
En medio de la crisis actual y como buena señal de una posible salida democrática a la misma hay una creciente participación política ciudadana, particularmente de gente no organizada previamente en partidos y organizaciones políticas. El carácter excluyente y antidemocrático del sistema actual se hace más evidente frente a ese ascenso. Este respeto a derechos tales como el de referéndum para reformas y adiciones constitucionales, el plebiscito en torno a decisiones fundamentales de gobierno o la iniciativa popular para promover leyes o la realización de referéndums y plebiscitos. Todo ello deberá ser práctica normal y democrática en una sociedad cada vez más participativa. Debido a la actual crisis del sistema político a los ojos de muchos ciudadanos que hoy participan en busca de un cambio democrático se identifica el desprestigio del sistema de partido de Estado con el concepto mismo de partido.
Sin embargo, la evolución de la crisis dará lugar, seguramente, a un nuevo reacomodo de fuerzas y por tanto a que la crisis del sistema de partidos dé lugar a nuevos o a redefiniciones de los existentes. La lucha de partidos seguirá siendo necesaria en la confrontación de los diversos proyectos de nación. De todos modos el derecho de ciudadanos a participar políticamente en proyectos particulares -ecológicos, de respeto a los derechos humanos, de cuestiones de género, o de iniciativas ciudadanas constitucionales- debe ser respetado y se deben crear las condiciones para su desarrollo, sin creer que la participación política debe ser obligadamente en proyectos globales de nación de tipo partidario. Por eso suprimiendo el sistema de registro de partidos, es decir acabando con el monopolio de los partidos reconocidos legalmente para postular candidaturas a cargos de elección popular, debe reconocerse igualmente el derecho a candidaturas independientes de ciudadanos sin partido. Se trata de una medida necesaria para recuperar el respeto al derecho constitucional a elegir y ser elegido para todas y todos.
6.- Representación equitativa de las mujeres en cargos de elección popular, de decisión política y de gobierno.
La tradicional, reaccionaria y paternalista exclusión de las mujeres del mundo de lo público debe terminar para conquistar realmente la democracia. No puede haber democracia si más de la mitad de la población es discriminada, marginada, excluida por razones de género o si debe enfrentar dificultades adicionales para que su opinión e intereses sean tomados en cuenta en razón de su género.
En todos los niveles de la vida buscamos acabar con la discriminación de la mujer, pero en el terreno político pugnamos por lograr una representación equitativa en todos los cargos de responsabilidad política y de gobierno. No podrá haber defensa consecuente y permanente de los derechos de las mujeres si no hay mujeres en los mismos centros de decisión y si la proporción de mujeres no es suficiente para que sus opiniones sean tomadas en cuenta. En este caso como en todos los de la lucha nadie salva a un sector explotado u oprimido si ese mismo sector no lucha por sí mismo. Esto es más claro en el caso de las mujeres que no son un sector particular sino más de la mitad de la humanidad. Es un ejemplo evidente de la falta de democracia por constituir una mayoría con derechos limitados. Una mayoría a la que no se le reconoce, prácticamente, derechos ciudadanos.
Por eso apoyamos propuestas que apunten a lograr una representación equitativa de las mujeres en los cargos de decisión aun cuando en un momento dado parezcan artificiales determinados porcentajes de cuotas de representación, pues igualmente artificial es la discriminación adquirir empleo, mantenerlo o conseguir promociones o imperante. El objetivo debe ser, más allá de las cuotas que en cada momento se vayan obteniendo, lograr una representación realmente equitativa.
7.-Autonomía regional pluriétnica
El otro ejemplo de la falta de democracia en nuestro país es la discriminación, opresión y marginación de los pueblos indios, los descendientes de los habitantes originarios de nuestro continente. El respeto a los pueblos indios no puede restringirse al respeto a sus culturas, costumbres e idioma, sino al derecho de autodeterminación, de gobierno, como garantía de que sus necesidades y problemas son enfrentados directamente por los interesados. La autonomía no implica, como sugiere la propaganda reaccionaria, una escisión o separación de la Federación, por cierto, en muchos sentidos inexistente por la reaccionaria existencia del presidencialismo y del centralismo. Pero sí implica el derecho al autogobierno de los pueblos indios en regiones pluriétnicas. Lo anterior incluye el reconocimiento también de los usos y costumbres de los pueblos indios asegurando, en este terreno, simultáneamente, el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales a hombres y mujeres, infantes, jóvenes y ancianos.
8.- Por la libertad de todos los presos y desaparecidos Políticos
No puede haber democracia con la existencia permanente de presos, desaparecidos y perseguidos políticos. Es por eso que durante décadas la lucha contra la represión y por la libertad de los presos políticos han sido una constante demanda democrática.
Durante cerca de diez años, antes de168, el reclamo de la libertad de los presos políticos, especialmente del movimiento ferrocarrilero fue constante y vino a confluir con el movimiento estudiantil de ese año convirtiéndose en una de sus banderas, simbolizadas en el reclamo de la libertad para Vallejo y Campa. Después del 68 la lista de presos políticos aumentó considerablemente con la represión al movimiento estudiantil.
A principios de los setentas se logró la liberación de la mayoría de los presos, pero una nueva generación vino a poblar las cárceles públicas y ahora, en gran escala, las cárceles clandestinas por medio de la bárbara práctica de la desaparición. De nuevo, la amnistía del 78 logró la libertad de la mayoría de los presos, perseguidos y exiliados políticos, pero mantuvo desde entonces en la prisión clandestina a la absoluta mayoría de desaparecidos. En aquel entonces, la lucha contra la represión tuvo como organismos aglutinadores permanentes al Comité "Eureka" y al Frente Nacional contra la Represión.
La existencia de estos organismos durante más de diez años permitió la liberación de la mayoría de los presos de la década de los setentas y ochentas y la presentación con vida y su consecuente liberación de más de cien desaparecidos, así como una disminución sensible de esta práctica, calificada por las Naciones Unidas como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, no es una práctica absolutamente cancelada como lo demuestra la desaparición de José Ramón García Gómez, dirigente del PRT en Cuautla, a sólo 16 días del inicio del gobierno de Salinas de Gortari.
Por todas estas razones es que la lucha por la libertad de todos los presos y desaparecidos políticos mantiene su vigencia. Nuestro objetivo no puede ser simplemente un indulto, aunque es responsabilidad del gobierno encontrar la fórmula legal para resolver el problema, sino una verdadera amnistía que libere a los presos y desaparecidos y suspenda las órdenes de aprehensión y seguimientos a perseguidos políticos y cancele definitivamente los procesos pendientes para algunos ex presos políticos que lograron su liberación bajo fórmulas legales que les hacen posibles víctimas de represalias.
En la actualidad el caso más significativo de presos políticos es el de los presuntos zapatistas en prisión, entre los que se encuentra Javier Elorriaga. Su caso es significativo por lo escandalosamente prefabricada que es toda la acusación y la insistencia en mantenerlo en prisión contra todo derecho. De hecho, Elorriaga y los demás presuntos zapatistas son rehenes del gobierno en el diálogo con el EZLN. Son además una señal ominosa sobre la falta de voluntad de diálogo y solución política al conflicto por parte del gobierno pues es conocido el papel activo de Elorriaga para ayudar a entablar ese diálogo al momento de ser detenido.
Ligado a lo anterior está la exigencia de la disolución de todos los cuerpos policíacos ilegales y la no utilización del ejército con fines de represión y vigilancia política. También aquí ha habido éxito en la desarticulación de algunos de los múltiples grupos como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, la Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia, la Dirección de Inteligencia, pero frecuentemente estos simplemente cambian su nombre y hasta los agentes son los mismos, por lo que la exigencia mantiene vigencia, así como la necesidad de desarrollar desde la sociedad civil una vigilancia permanente. Junto con la disolución de' estos cuerpos está la necesidad de la supresión de cárceles clandestinas que son sus frecuentes centros de operación, así como de tortura.
9.- En defensa de las libertades políticas
Una serie de libertades y derechos políticos formales reconocidos por la Constitución u otras leyes están siendo permanentemente recortados o limitados en la práctica o por medio de legislaciones restrictivas. Deben ser defendidos ahora en primer lugar por los trabajadores, aunque son del interés de toda la ciudadanía.
Los derechos de reunión y manifestación reciben constantes ataques y restricciones, incluso en ocasiones como el Día del Trabajo. La libertad de expresión sólo existe en forma amplia para los capitalistas, quienes tienen en sus manos los medios de información masiva como la radio, la televisión, las grandes rotativas y las imprentas. Los órganos de difusión independientes se enfrentan a los altos costos de impresión y al monopolio del papel que el gobierno maneja arbitrariamente. Las concesiones para medios de difusión electrónica, radio y televisión, están prácticamente vedadas a organizaciones independientes de los grandes monopolios. El derecho de los trabajadores, de los campesinos, de las organizaciones políticas e intelectuales a disponer de tribunas para expresar sus demandas y opiniones en forma masiva en la práctica está vedado. Lo más que se ha concedido es un tiempo, reducido en extremos, en la radio y la televisión para los partidos registrados legalmente.
A estas limitaciones casi estructurales, debe agregarse la intimidación política que implica el alto número de asesinatos de comunicadores, especialmente de periodistas de medios escritos en los últimos años. La mayor parte de estos crímenes permanecen sin aclaración satisfactoria.
Con la colaboración reaccionaria del PAN al gobierno zedillista los riesgos de limitaciones y restricciones a derechos políticos y garantías individuales, incluso reconocidas constitucionalmente, se ha incrementado aún más si esto fuera posible. En Estados de la República donde gobierna el PAN los signos de intolerancia se manifiestan hasta extremos que podrían calificarse simplemente de ridículos -como la prohibición de la minifalda- si no fuera por la gravedad que implican como restricción a la libertad de las personas.
La intentona más grave han sido las restricciones que se buscan imponer con motivo de la Ley contra el Crimen Organizado que son atentatorias de los derechos reconocidos por el articulo 16 constitucional. Eso significa intentos como los de la legalización del espionaje telefónico, de los soplones, de la reducción de la edad penal, etc.
Reformas legales como éstas, que fortalecen el carácter autoritario y represivo del poder estatal, alimentan también tendencias intolerantes al nivel social. Es el caso, por ejemplo, de la persecución, agresiones y prácticas humillantes y discriminatorias contra lesbianas y homosexuales que llegan, incluso, hasta el asesinato de homosexuales en la forma de crímenes no aclarados o impunes como muchos de los ocurridos en Chiapas y otros Estados de la República. La democracia implica el respeto a la diversidad, a la diferencia y por tanto el respeto a la libre opción sexual de toda persona.
Lo anterior es parte del respeto a la expresión, forma de vestir y diversiones de los jóvenes.
Con el neoliberalismo al mismo tiempo que supuestamente ocurre un alejamiento del Estado con respecto al terreno de la economía, hay un incremento de las funciones represivas.
Estas reformas legales, así como las prácticas policíacas que se incrementan en las ciudades, la utilización del Ejército para actividades policíacas con el pretexto del combate al narcotráfico y la coordinación de organismos policíacos con el Ejército y la Dirección de Seguridad Nacional son ejemplo de la anterior,. En este contexto, la defensa de las libertades políticas e incluso de las garantías individuales reconocidas antes por la Constitución adquieren cada vez mayor relevancia y urgencia.
II. INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES
10.- Por un partido propio de los trabajadores
La lucha por la independencia política de los trabajadores es un objetivo estratégico de nuestro partido. El control despótico que durante más de cincuenta años ha ejercido el gobierno, por medio de las burocracias sindicales, ha permitido que el movimiento obrero sea presa de la ideología de la patronal y su gobierno. La afiliación forzosa al Partido Revolucionario Institucional, ha sido de las prácticas que han utilizado para imponer su control. En ese sentido los trabajadores han carecido de una política propia como clase, porque no tienen un partido que represente verdaderamente sus intereses inmediatos y de largo plazo.
El PRT se opone a la afiliación forzosa, Que hacen las, centrales charras al PRI. La mayor parte de las veces los trabajadores ni siquiera están enterados de que, por el simple hecho de estar en un sindicato integrante de las centrales que pertenecen al Congreso del Trabajo, están considerados como afiliados al PRI. Los trabajadores deben ser quienes decidan y verifiquen qué partido representa y defiende verdaderamente sus intereses y por lo tanto, deben ser ellos quienes decidan a qué partido deben afiliarse.
En ese sentido el PRT llama a los trabajadores a que rompan con el PRI y con el gobierno, a que formen su propio partido con una política propia de clase y por lo mismo los invitamos a que participen en la construcción de ese partido uniéndose a las filas de nuestra organización.
La independencia política de clase es un problema fundamental. El PRT convoca a los trabajadores a romper con el PRI pues ése no es su partido. Es el partido de los enemigos de los trabajadores. El que apoya a los patrones, el que pone presidentes, diputados y gobernadores antiobreros. El PRI es el que cotidianamente vende las huelgas, el que sacrifica los salarios de los trabajadores en beneficio de los charros y de los patrones, el que no lucha por fuentes de trabajo, el que se enriquece con las cuotas sindicales etc. Por todo esto, luchamos porque no haya afiliación obligatoria al PRI. Por eso invitamos a más trabajadores a unirse a la construcción deI PRT.
11.- Por la independencia sindical
La afiliación forzosa al PRI, la falta de un partido propio de los trabajadores, se apoya precisamente en la falta de independencia de los sindicatos. Se trata, sin embargo, de un derecho democrático indispensable. No es posible mantener más la afiliación forzosa y forzada de los trabajadores de determinados sindicatos al PRI. El sindicato debe ser independiente de cualquier partido, del gobierno y por supuesto de la patronal. Los sindicatos no deben ser corporativizados al PRI ni a ningún otro partido. La afiliación de cada trabajador a un partido (o la no afiliación partidaria) debe ser una decisión individual y libre.
La falta de independencia de los sindicatos por medio de la afiliación forzosa al PRI además de impedir la lucha de los trabajadores por sus intereses históricos como clase, en lo inmediato representa también un control que ha sido pilar fundamental en el sistema de dominación de la burguesía que le permite hacer pasar sus políticas económicas asegurando el control de los salarios a través de la firma de pactos en beneficio de la patronal.
12.-Por la democracia sindical
Junto con el control político de los trabajadores, el PRI y su gobierno han convertido a los sindicatos en organizaciones corporativizadas, antidemocráticas. Las decisiones son siempre tomadas por unos cuantos sin consultar a la base trabajadora. Cualquier trabajador puede entender el carácter antidemocrático de los charros respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuándo le han pedido su opinión para firmar los contratos colectivos, aumentos salariales y aceptar el despido de millones de trabajadores?, ¿cuántas veces han respetado su voto en el sindicato?
Por eso es necesario luchar porque quienes estén en las direcciones sindicales realmente representen a los trabajadores, porque los organismos fundamentales de dirección y conducción funcionen democráticamente y en vinculación estrecha con la base trabajadora, porque los comités ejecutivos sean realmente la máxima dirección del sindicato, respetando fielmente la voluntad de los trabajadores a través de consejos de representantes, de delegados, etc. Luchamos porque exista libertad de tendencia en los sindicatos y en las centrales, porque exista libertad de expresión. Que haya libertad de afiliación partidaria individual a la organización que cada quien decida y no forzadamente al PRI. Que no vuelva a suceder lo que sucedió con la tendencia democrática del SUTERM que por el simple hecho de querer democratizar el sindicato fue brutalmente atacada. Que no sean asesinados dirigentes sindicales como el profesor Misael Nuñez Acosta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o militantes sindicales como el compañero Cleto Nigmo Urbina de la Ford Cuautitlán. Si estamos luchando por la democracia sindical, estaremos luchando contra los que han manoseado el movimiento obrero con prácticas ajenas a él; es decir, estaremos luchando en contra de la burocracia sindical y del control que han impuesto sobre los trabajadores.
13.- En contra de las restricciones al derecho de huelga
En los últimos años, el gobierno y los patrones han tratado de quitar esa arma de la clase trabajadora. As! hemos listo cómo han impedido la realización de huelgas, como la que plantearon en 1976 los compañeros de la Tendencia Democrática del SUTERM. En esa ocasión tomaron las oficinas sindicales y las instalaciones de trabajo. En 1977 la policía entró a la UNAM y rompió la huelga del STUNAM. En 1981 y 1982 impidieron la huelga de los telefonistas, imponiéndoles la requisa, poniendo la empresa bajo control del gobierno y despidiendo a cientos de trabajadores. Otros ejemplos los podemos observar en el caso del SME, del sindicato del Metro y otros sindicatos donde, si bien no intervino directamente la policía o el Ejército, sí hubo la amenaza o se utilizó la requisa o el recurso de inexistencia legal para impedir la huelga amenazando con cerrar las fuentes de trabajo y liquidar a los trabajadores que no regresaran a laborar al llamado de las autoridades. Es ésta una situación que no hay que dejarnos imponer. Si se le arrebata al trabajador el instrumento de la huelga, la explotación capitalista será mucho mayor. Ante esta situación hay que entender que la única alternativa es defender el derecho de huelga con la huelga misma.
14.- Por los derechos de organización, sindicalización y contratación colectiva
Más de la mitad de la clase trabajadora mexicana no participa en ningún sindicato. Las centrales charras para nada se preocupan de este problema. El gobierno ve en estos millones de trabajadores una forma indirecta de subsidiar a los patrones y a la patronal les interesa que no estén sindicalizados ya que así sus ganancias son muchos más grandes. El no sindicalizado es una especie de bracero en su propio país: no tiene ningún derecho, ninguna prestación. Esta situación afecta en particular a miles de mujeres que trabajan en la industria maquiladora. Normalmente su salario siempre es inferior al mínimo. Por eso debemos luchar por la sindicalización de todos los trabajadores.
Otros cientos de miles de trabajadores mexicanos no tienen contrato colectivo, ni derecho a huelga. Estos son los trabajadores que están situados bajo el apartado B del Artículo 123 de la Constitución. A estos trabajadores se les ha maniatado durante muchos años con la idea de que es imposible que los trabajadores al servicio de un Estado "nacionalista revolucionario" hagan huelgas como cualquier otro trabajador. Aquí la lucha es muy concreta: por la desaparición de los apartados del 123 y contra el arbitraje estatal. Pero debemos entender que esto no lo va a lograr una sección en lucha o un sólo sindicato. Es necesario preparar al conjunto de los trabajadores para lograrlo.
Existen otros miles de trabajadores agrupados en el sindicalismo universitario a los que se les impuso una reglamentación especial que les impide organizarse en un solo sindicato nacional y lastima sus derechos laborales, sobre todo de los trabajadores académicos. El PRT reivindica el derecho de los trabajadores universitarios a luchar contra toda legislación restrictiva, por la formación de un sindicato nacional y por hacer respetar todos sus derechos laborales.
III. CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA
15.- En contra de los bajos salarios. Por la escala móvil de salarios
El sistema capitalista, es decir, el sistema donde dominan los patrones, siempre se ha distinguido por hacer pagar a los trabajadores las crisis económicas producidas por la insaciable sed de ganancias de los patrones. Para lograr esto golpean los salarios, impidiendo que existan aumentos y permitido que los precios de los productos de primera necesidad aumenten muy por arriba de los salarios.
Los trabajadores deben luchar por la escala móvil de salarios: Dicha demanda tiene como objetivo principal que a cada aumento de precios se dé un aumento de salarios igual. Para ello es necesario luchar porque en los Contratos Colectivos de Trabajo se ponga una cláusula que especifique claramente esta norma nombrando a una Comisión Sindical en asambleas, que se encargue de medir el alza de precios cada mes para definir el aumento salarial necesario que automáticamente deben recibir los trabajadores. En la lucha por la restitución del poder de compra de los trabajadores se podría observar con claridad quiénes actúan en favor de los trabajadores y quiénes no. El PRT lucha por un aumento general de salarios para todos los trabajadores igual a los aumentos de precios y la inflación y por la escala móvil de salarios, porque está a favor de los trabajadores; las burocracias, el PRI, el gobierno y el imperialismo son los que se benefician con la carestía.
16.- Contra el desempleo. Por la escala móvil de horas de trabajo
La política de modernización desarrollada por el régimen priísta en los últimos años, a pesar de prometer elevar los niveles de vida del trabajador y garantizarle el empleo, ha significado un deterioro en el nivel de vida de los trabajadores, pero además también mayores despidos. En México como en todos los países capitalistas, la patronal pretende resolver sus problemas con el despido de los trabajadores, reajustando o cerrando definitivamente las fuentes de empleo.
Es necesario luchar en contra de los despidos y contra el desempleo. Hay que entender que aunque usted tenga trabajo nadie le asegura que en los próximos meses no lo despidan. Por eso esta lucha es del conjunto de los trabajadores, sin importar si están empleados o no. Para esto es necesario plantear la escala móvil de horas de trabajo, que en síntesis, quiere decir que el conjunto de horas laborales sean repartidas entre el conjunto de trabajadores, sin que esto traiga como consecuencia reducción en el salario.
17.- Contra la elevación de las cargas de trabajo
El proyecto de modernización de la planta productiva en México está basado en dos aspectos: la elevación de la productividad, control de la calidad y la modernización tecnológica. Esto significa concretamente, que las cargas son elevadas en la medida en que el proyecto de modernización significa mayores despidos pero al mismo tiempo incremento de la productividad, inclusive sin que exista un aumento de salarios. Así habrá trabajadores que realicen lo que antes hacían entre varios. El despido y el desempleo se usan como chantajes para aumentar las cargas de trabajo, en vez de repartir las horas de trabajo entre empleados y desempleados actualmente. La burocracia sindical no tan sólo cierra los ojos ante esto sino que le da su total aprobación reduciendo enormemente las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. El PRT está en contra de la elevación de cargas de trabajo. Esto significa una explotación cada vez mayor de los trabajadores.
18.- Contra la privatización de los servicios públicos
La patronal y el Estado, en consonancia con la política neoliberal buscan rentabilizar el conjunto de la economía privatizando todos los servicios públicos Así, servicios como el agua y la recolección de basura, el servicio de limpia, el transporte urbano con la excusa de su privatización significarán encarecimiento de estos servicios y golpeo mayor al nivel de vida de los trabajadores. Es necesario luchar contra esto, pues, los servicios públicos son conquistas que le han costado muchas luchas al pueblo trabajador. A esto hay que agregarle que es el pueblo trabajador el que diariamente paga con sus impuestos el costo de estos servicios. No es el Estado el que graciosamente otorga estos servicios, que son pagados por los trabajadores, y por lo tanto no son ningún proteccionismo del gobierno como argumentan los empresarios estadunidenses. Por eso nos oponemos a la reducción de los servicios públicos, porque los pagamos y porque son el producto de las luchas de los trabajadores.
19.- Por la defensa de la seguridad social, los derechos y las conquistas de los trabajadores
La política del gobierno, buscando la rentabilidad y la reducción de los costos del gasto social, ha lanzado una furiosa embestida contra la seguridad social, imponiendo una nueva ley que privatiza el fondo de las pensiones y jubilaciones con la creación de las llamadas AFORES. Disminuye así el monto de lo que percibirán los futuros pensionados y jubilados, aumentando el número de años para tener derecho, debilita el financiamiento al lMSS poniendo en riesgo su existencia y abriendo la puerta a la privatización del servicio médico.
Es evidente que después de golpear a los trabajadores del Apartado A, buscarán extender los mismos criterios al ISSSTE y que tan sólo esperan el momento más oportuno para hacerlo. Pretenden además modificar la Ley Federal del Trabajo para eliminar conquistas y derechos que significan un costo económico para la patronal como por ejemplo la sustitución del pago por jamada por la de horas o bien flexibilizando las condiciones de trabajo. En una palabra buscando mayor explotación de los trabajadores y mayores ganancias a los capitalistas. Frente a esta situación el PRT lucha y llama a luchar a los trabajadores para lograr la abrogación de la ley del seguro social y pugnar por el más amplio frente de los trabajadores para enfrentar esta ofensiva antiobrera.
20.- Contra la modernización productiva antiobrera
Los actuales proyectos de modernización productiva han significado la privatización o el cierre de la mayor parte de empresas del sector social, el cierre de diversas fuentes de trabajo, la firma del Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad (ANEP), la modificación de contratos colectivos para introducir cláusulas que permitan elevar productividad vía nuevos métodos de trabajo o nueva tecnología sin que esto esté regulado con el sindicato. Está significando cambios graves en la estructura sindical, incluso se exige, por los patrones, que haya una modificación a la Ley Federal del Trabajo que le dé facilidades a los patrones para lograr sus objetivos. No nos oponemos a la modernización de la planta productiva, pero ésta no debe hacerse a espaldas de los trabajadores ni en contra de sus conquistas y derechos. La privatización, el cambio tecnológico y la introducción de nuevos métodos de trabajo sólo han significado quitarles conquistas a los trabajadores, destruir contratos, como en la industria textil, en Pemex y en Volkwagen en los últimos tiempos. Por eso el PRT se opone a este tipo de procesos. Sólo los trabajadores pueden determinar cómo deben hacerse los cambios para que no signifiquen golpes a ellos ni a sus organizaciones.
21.- Contra el Tratado de Libre Comercio (TLC)
En enero del 94 entró en vigor el TLC con Canadá y Estados Unidos. Según el gobierno, haberlo suscrito representa la única forma para que el país pueda crecer y satisfacer las aspiraciones de nivel de vida de los trabajadores y es el camino para "llevar a México al primer mundo". El TLC es el camino para que México ingrese al primer mundo pero siendo el sirviente del país más desarrollado, es decir, de Estados Unidos. El TLC es el proyecto de la burguesía nacional para transformar este país de acuerdo a sus intereses, por eso no existe en el texto apartado alguno que recoja los intereses de los trabajadores, nada hay sobre los trabajadores migratorios (braceros), tampoco sobre el medio ambiente. Por eso no existen a lo largo del texto garantías de que los campesinos pobres tendrán mejores condiciones de vida; por eso los inversionistas de EU exigen que los servicios sociales que hay en México sean eliminados porque son subsidios que favorecen, dicen, una competencia desleal contra ellos; para ellos una competencia leal es que los trabajadores de EU, México y Canadá gocen de iguales condiciones de vida y trabajo, pero reduciéndolas hacia el país que tenga las peores. En síntesis es un tratado que le da garantías a los capitales trasnacionales, para invertir, crecer, acumular ganancias, etc. No estamos en contra de que los pueblos de diferentes países tengan relaciones comerciales o de otro tipo, siempre y cuando sea decisión de los pueblos; no de un gobierno o un presidente que, como en México, violenta incluso sus propias leyes y pasa sobre las instancias de gobierno finalmente suscribe un pacto lesivo a los intereses populares. Por eso el PRT se pronuncia contra todo tratado que no tome en cuenta los derechos dé los trabajadores y del pueblo en general, al mismo tiempo que llama a todo el pueblo de México a luchar contra el tratado actual.
22.- Contra la corrupción y especulación
Los sacadólares, los funcionarios corruptos, los especuladores de las casas de bolsa dilapidan recursos que le pertenecen al pueblo. Deben ser castigados y expropiados en beneficio del pueblo. La actual crisis del sistema político no puede ser resuelta si al mismo tiempo no se procesa y castiga a todo el grupo salinista que hundió en la miseria más grande al pueblo mexicano y que, como se ha evidenciado con el caso de Raúl Salinas, se enriquecieron ilegal y desorbitadamente.
Regresar
IV. EL PRT Y LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS
23.- La tierra es de quien la trabaja
Esta demanda, motor de la revolución de 1910-17, sigue siendo una reivindicación importante en el campo mexicano. Los latifundios encubiertos o no siguen existiendo y mientras los haya existirán tierras que repartir. Esto es una muestra
del fracaso de la Reforma Agraria que tanto ha pregonado el gobierno y que hoy da por terminada con las modificaciones al Artículo 27 que cancela el derecho constitucional de los campesinos a pedir tierras y la obligación del gobierno a dotarlas. De igual manera el programa implementado por el gobierno salinista del "Fin del Rezago Agrario” deja a miles de campesinos, no contemplados en los convenios establecidos con las diferentes organizaciones campesinas, a su suerte. Ahora tendrán que enfrentarse para la resolución de sus problemas agrarios ante nuevos mecanismos contemplados en la Nueva Ley Agraria, como son los Tribunales Agrarios. Por ello, es preciso apoyar todo tipo de luchas campesinas por el derecho la tierra, luchas que hoy pasan por la ocupación directa de las tierras reclamadas, después de agotar los recursos legales. Por lo anterior es que así como nos opusimos a la reforma alemanista, que introdujo entonces el amparo agrario, ahora nos oponemos a la reforma salinista que en los hechos profundiza la contrarreforma agraria.
24.- Por la defensa del Ejido y la Comunidad
El objetivo fundamental de la contrareforma salinista es privatizar el campo mexicano, modificar de raíz la estructura agraria y completar el esquema neoliberal que necesita el salinismo para entrar de lleno al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La legalización del rentismo y venta de la parcela ejidal tiende sin duda a acentuar esta dinámica que de manera ilegal venía ocurriendo, debido no a la falta de voluntad de hacer productivas las tierras sino a la escasez de recursos que sufre la mayoría del campesinado.
La prioridad que se le brinda ahora a cualquier tipo de asociación de la propiedad colectiva con el capital privado tiende a convertir al campesino en jornalero en su propia parcela. Defendemos la asociación superior de los productores para elevar la productividad de las unidades agropecuarias y luchamos porque el campesinado tenga el control del proceso productivo, la comercialización de sus productos y los insumos para la producción. Nos pronunciamos porque la crisis en la que está sumergido el campo mexicano sea resuelta con mecanismos que engloben al conjunto de la población rural, desde el ejido y la comunidad y no con artificios privatizadores que sumirán todavía más en la miseria a la mayoría e campesina o mexicano.
25.- Por la centralización independiente del movimiento campesino
Este es el eje organizativo estratégico hacia el movimiento campesino. Con las modificaciones al Artículo 27 y la nueva ley agraria los viejos mecanismos tradicionales de control y corporativismo político se ponen en cuestión, se abre para los ejidos y las comunidades cierta autonomía en sus decisiones más elementales, donde antes la Secretaría de la Reforma Agraria se entrometía. Sin embargo el salinismo se apresuró a impulsar un nuevo modelo de corporativismo, fundamentalmente a través del denominado Nuevo Movimiento Campesino y el PRONASOL. El desprestigio de las organizaciones campesinas charras hace indispensable ofrecer una alternativa políticamente independiente, capaz de nuclear en su derredor el descontento campesino. El reto consiste en impulsar la convergencia más amplia y plural del movimiento campesino.
Luchar para que esta convergencia tenga como condición plena independencia política y autonomía. Una centralización campesina basada en su democracia interna, y que tenga como arma fundamental la movilización. Todo esto independientemente de que impulsemos la lucha por el derecho de los jornaleros agrícolas a sindicalizarse, o que impulsemos y participemos en la organización de productores por ramas, etc. La centralización de la lucha campesina ha de permitir, además, el acercamiento del movimiento campesino con el movimiento obrero, en la perspectiva de unificar y coordinar sus luchas.
26.-Por los derechos de los Pueblos Indios. Por la autonomía pluriétnica
Los pueblos indios en nuestro país han sido explotados y oprimidos por más de 500 años, violando constantemente sus derechos humanos y libertades democráticas, lo que ha llevado a que este sector sea uno de los más oprimidos explotados sometidos a condiciones infrahumanas de marginalidad y pobreza. Esta situación de marginación no obedece a características socioculturales o étnicas de las poblaciones indígenas, sino a las relaciones de desigualdad y subordinación a que han estado sometidos, excluidos política y socialmente.
Se les ha negado su cultura, sus valores sociales, espirituales, su identidad y formas especificas de organización. Los pueblos indios han conformado sus propias prácticas sociales, culturales, económicas y de conservación y equilibrio de sus ecosistemas lo que le ha dado una riqueza cultural y pluralidad étnica a nuestro país.
Durante muchos años han dado una lucha para ser reconocidos y así mantener la diversidad de este país. El surgimiento del zapatismo es apenas una expresión de lo que significan los rezagos históricos hacia los pueblos indios.
Es hasta enero del 94 que logran los indígenas de Chiapas ser escuchados. Los sin rostro tuvieron rostro y los sin voz tuvieron voz y pudieron decir su palabra y exigir sus derechos como pueblos indios. El derecho a la autodeterminación de sus pueblos. En los últimos años el neoliberalismo es una política que pretende eliminar a los indígenas por medio de políticas que socavan su territorio, organización, unidad interna y sustento socioeconómico.
Los pueblos indios tienen el derecho a vivir en condiciones de libertad e igualdad y mantener vigente su lengua, costumbres, tierras y territorio y forma de gobierno; tienen el derecho como pueblos a fortalecer su cultura, recursos y desarrollo integral, contando para esto con la participación en las instancias de decisión y representación políticas.
El PRT considera que los pueblos indios tienen derecho a una autonomía plena que recoja la pluralidad y diversidad, la igualdad real y no sólo formal entre todos los mexicanos (indios y mestizos). Apoyamos el reclamo de autonomía regional pluriétnica porque de lo que se trata no es de simplemente respetar el derecho a la lengua y ciertos usos y costumbres, sino el derecho a contar con su propio gobierno y recursos en determinadas regiones. Este régimen tiene que ser incluyente, que garantice la igualdad de oportunidades, de trato y representación. Garantizando la paridad entre hombres y mujeres en los órganos de decisión, buscando formas de organización y participación con equidad.
Regresar
V. POR UNA REFORMA URBANA INTEGRAL
27.- El terreno es de quien lo ocupa o vive en él
El fracaso de la reforma agraria, el monstruoso centralismo político, económico, etc., han permitido el desarrollo de cinturones de miseria en las ciudades más importantes del país. Se han querido señalar como los culpables de esta situación a los miles de campesinos que emigran hacia las ciudades. Los únicos culpables son el gobierno y la clase patronal que han fracasado totalmente en el campo creando en las ciudades un ejército industrial de reserva para cuando los trabajadores organizados quieran hacer huelgas o pedir mayores salarios. Muchos de los habitantes de esos cinturones de miseria son también los que conforman los millones de trabajadores no sindicalizados que, como ya hemos señalado, no tienen ninguna prestación y reciben salarios por debajo del mínimo. Estos millones de mexicanos se ven obligados a ocupar cualquier terreno deshabitado y construir ahí su casa. Por eso el PRT plantea: la ocupación inmediata de todos los terrenos baldíos, ociosos, por aquellos grupos de mexicanos que no tengan donde vivir. Sin embargo, esto no es más que el primer paso. Luego hay que luchar por la legalización de dichas tomas y por lo tanto por la creación de servicios públicos para los nuevos habitantes (agua, drenaje, luz, pavimento, servicios médicos, etc.). En todo Caso, hay que dar una lucha sin cuartel en contra de los pulpos camioneros y fraccionadores.
28.- La casa debe ser de quien la habita
Todos los días leemos en los periódicos cómo numerosas familias mexicanas se quedan sin casa porque son lanzadas a la calle por los casatenientes. La lucha contra estos casatenientes es muy parecida a la que dan los campesinos en contra de los terratenientes. Hay que luchar por la expropiación de las casas habitación en favor de los inquilinos. El primer paso para lograr dicha expropiación, es la de luchar por un congelamiento de las rentas.
Al crear el lNFONAVIT el gobierno le ha hecho creer al trabajador que rápidamente va a tener su casa. Sin embargo, la realidad es muy distinta. EI INFONAVIT es un organismo que sirve fundamentalmente para aumentar el control sobre los trabajadores, en tanto está totalmente supeditado a la política del charrismo sindical; por otro lado, las casas que construye el lNFONAVIT tienen precios prohibitivos para los trabajadores de ingresos reducidos (la inmensa mayoría en este país). Por eso es necesario luchar por un real control por parte de los trabajadores deIINFONAVIT. Para esto es necesario poner verdaderos representantes de sus intereses en la dirección sindical. Además ahora con el auge neoliberal habrá que impedir de todos modos la desaparición de esta institución como parte de la ola privatizadora.
29.- Por la centralización del movimiento urbano popular
Miles de habitantes de colonias populares se han lanzado a la lucha por vivienda y servicios en todo el país, creando formas de organización propias y muchas veces rompiendo con las centrales del PRI; sin embargo, esa nueva organización no está coordinada a nivel nacional, lo que deja en una situación débil a muchas luchas heroicas, permitiendo que el gobierno las golpee y a veces las derrote.
Coordinar y organizar en un solo frente a todas estas luchas es una tarea central del movimiento urbano y popular, que el PRT ha hecho suya.
Regresar
VI. POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
APOYO A LAS LUCHAS DE LOS ESTUDIANTES
La política neoliberal del actual régimen ha implicado un proceso de privatización en todos los terrenos. La educación pública arrancada por el constituyente de 1917, hoy también es presa dé este objetivo. Incluso los contenidos de la educación intentan adecuarlos a los objetivos ideológicos del neoliberalismo, como se mostró en la grave distorsión y tergiversación de nuestra propia historia que hacen para justificar esa política.
30.- Contra el eficientismo en la educación
El PRT llama a luchar contra la política eficientista en la educación que ha sido disfrazada con la idea de la excelencia académica, porque consideramos que es la aplicación de los planes de austeridad en la educación, y esto trae consigo el desplazamiento de muchos trabajadores de la educación. Estamos en contra de esta política en tanto es la correa de transmisión de la ideología de la patronal y del gobierno. No nos oponemos a la utilización de técnicas modernas en la educación. A lo que nos oponemos es que a nombre de dichas técnicas se suspendan a maestros o se liquide a trabajadores administrativos. Nos oponemos a su carácter selectivo y exclusivo, que con el pretexto de elevar el nivel académico, busca limitar el carácter masivo de la educación.
31.-Por la democratización de los centros de estudio
Sin lugar a dudas, han habido constantes movimientos por lograr la democratización de las universidades. El PRT plantea la necesidad de transformar la estructura antidemocrática de las universidades Desde luego, seguimos considerando que la enseñanza debe ser polivalente, que en las universidades se debe dar información sobre el conjunto de las teorías; que en el dominio de las ideas todo es permitido.
32.- En contra de la rentabilización de la educación
El gobierno y la iniciativa privada pretenden optimizar su inversión en la educación; para lograr esto compran el futuro de los estudiantes por medio de las becas-crédito y el aumento continuo a los costos de los servicios más elementales como las bibliotecas. Otro mecanismo que se está utilizando es la creación de los centros de excelencia, a donde solamente los escogidos (filtración clasista) podrán llegar. Hoy las licenciaturas están por demás devaluadas y cada vez ceden más el paso a las maestrías y doctorados, las que solamente los que tienen considerables recursos pueden realizar. Es decir, a pesar de que las universidades sufren un proceso de masificación, los criterios selectivos en vez de desaparecer se agudizan y se perfeccionan.
Por supuesto, no podrá alcanzarse la excelencia académica a ningún nivel educativo, si a los profesores e investigadores se les siguen pagando salarios miserables, se niega la definitividad en el empleo y se impone la ruptura de la contratación colectiva del personal académico a través de los denominados estímulos.
33.- En defensa de la educación pública democrática y de masas a todos los niveles educativos.
34.- Por el respeto a la libertad de cátedra e investigación, la profesionalización de la enseñanza y el derecho a la sindicación del personal académico de las universidades.
35.- Por casas habitación, comedores y demás servicios asistenciales para el estudiante pobre.
36.- Por la creación de una organización nacional de estudiantes independiente de partidos y autoridades que realmente represente las necesidades y reivindicaciones de los estudiantes, que rompa con la violencia, antidemocracia y despolitización en los centros de enseñanza.
Regresar
VII. POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER
La lucha por la liberación de las mujeres del actual estado de opresión que nos impone la sociedad requiere en primer lugar de la organización y la acción de las propias mujeres. La autonomía y especificidad de la lucha de las mujeres es necesaria para acabar con esa opresión específica. Nadie lo va a hacer a nombre de las mujeres si las mujeres mismas no lo peleamos. La opresión de las mujeres, por el peso ideológico que tiene, afecta a todas las mujeres independientemente de su clase, etnia o posición política. Por eso las socialistas y feministas participamos en el movimiento amplio de mujeres en torno a demandas específicas, a acciones afirmativas, a la defensa de derechos, la conquista de espacios, o la lucha contra discriminaciones, agresiones o violaciones de derechos humanos de las mujeres. Entendemos todo ello como parte de un proceso por la liberación de las mujeres, en que van tomando poder y rompiendo mecanismos de la opresión. Este proceso continúa en la perspectiva del socialismo porque, como socialistas, pensamos necesario sustituir el actual poder de clase que perpetúa y se apoya en la opresión de las mujeres, así como también entendemos, como feministas, que no se trata solamente de conquistar éste o aquel derecho sino acabar también con un sistema patriarcal que se ha apoyado en diversas estructuras sociales para perpetuarse.
Nuestro programa, por tanto, va más allá de las conquistas legislativas necesarias para que ciertos derechos se reconozcan, sino que requiere de un cambio social necesario para derrotar la ideología dominante de carácter reaccionario, patriarcal y sexista que penetra incluso en las filas de los movimientos populares: de oposición política al sistema e incluso a las fuerzas revolucionarias. En esta perspectiva, este programa incluye demandas como las siguientes:
37.- Derechos políticos completos para las mujeres
Como ya hemos señalado antes, la igualdad formal ante la ley no se corresponde con la realidad, más determinada ésta por condicionamientos sociales, políticos e ideológicos. Tampoco es suficiente ya el derecho formal al voto si el derecho a elegir no se completa con el derecho real a ser elegida. Por eso se requieren acciones afirmativas que equilibren en la realidad la desigualdad que en el terreno político, de decisiones públicas, siguen existiendo en detrimento de las mujeres; Por eso proponemos favorecer la participación de mujeres en cargos políticos, sea a nivel partidario, de representación política o de responsabilidad gubernamental, cuando haya que elegir entre una mujer o un varón en igualdad de circunstancias políticas. En esa perspectiva, apoyamos la introducción de cuotas mínimas obligatorias de representación de mujeres en esos cargos para asegurar su participación en lo que las condiciones sociales cambian. Como se ha planteado ya en el movimiento, los códigos electorales pueden ser modificados para introducir la obligación de que los partidos incluyan en sus listas de candidaturas a cargos de elección popular no más de un 70 por ciento de personas del mismo género.
38.- Maternidad libre y voluntaria
En la actualidad este problema es tratado como un problema penal e implica un tratamiento a las mujeres como menores de edad sobre los que otros deben decidir. No se trata, sin embargo, de un problema penal, sino de un problema de salud pública y en todo caso de justicia social. Y se trata también de la necesidad de darle un enfoque democrático en donde las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres", sobre sus derechos reproductivos, son tomados por las mujeres no por los hombres, padres o esposos, o peor aún por la Iglesia, el gobierno, los partidos, la policía.
Como ha reconocido la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, “la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental. La salud no es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social. Ahora bien, la mayoría de las mujeres no goza de salud ni bienestar. El principal obstáculo es la desigualdad entre la mujer y el hombre y entre mujeres de diferentes regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos".
En este sentido decimos que la sociedad actual le da un tratamiento al tema de la maternidad como un problema penal y no de salud pública porque el criterio básico con que lo enfoca es el de penalizar el aborto, es decir la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. De todas maneras miles de mujeres se ven obligadas a recurrir al aborto por distintas razones ya sea económicas, sociales, personales o de salud.
En México se calcula que ocurren dos millones de abortos al año. El problema es que al ser ilegales frecuentemente tienen que hacerse en condiciones de grandes riesgos o de insalubridad. Solamente las mujeres que tienen los recursos económicos necesarios pueden hacerse abortos en condiciones adecuadas. Por eso es frecuente también la muerte de mujeres por abortos mal practicados. Despenalizar el aborto, entonces, enfrentaría este problema como de salud publica para las mujeres y sería motivo de justicia social al hacer más accesible económicamente este recurso.
En todo caso, lo único que deberla penalizarse o prohibirse -yeso porque también lesiona el derecho de la mujer a decidir- es la esterilización forzada y sin consentimiento de la mujer o el aborto impuesto. En todo ello, el enfoque fundamental es que la maternidad es voluntaria y libre. Una maternidad no deseada afecta de manera negativa al hijo, por eso es un requisito imprescindible para la salud mental de las criaturas que sus madres les deseen. Por eso maternidad voluntaria quiere decir, sobre todo, maternidad elegida. En una sociedad, además, donde todavía el cuidado y la responsabilidad de los hijos es un asunto individual, vuelve la maternidad voluntaria la única opción legítimamente ética.
Por otro lado, lo democrático es que sean las mujeres las que tengan el control de su propio cuerpo y sean ellas las que determinen, en última instancia, si están en condiciones y desean embarazarse y tener hijos y cuándo. Es respetar la libertad de elección y decisión de toda persona. Obviamente esto va de la mano de la necesidad de dotar de información y educación sexual a toda persona, así como barato y fácil acceso a métodos anticonceptivos, rescatando también la sexualidad no solamente como posibilidad de reproducción, sino como derecho al placer.
En lo inmediato, la despenalización del aborto se ha conseguido en algunos casos cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte o de grave daño a la salud. También se ha autorizado por razones eugenésicas, es decir cuando el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con deficiencias físicas o mentales graves. Estas son reformas legales imprescindibles que deberían conseguirse en todas partes, pero que no quitan la necesidad general de despenalizar el aborto.
39.- Reforma al Código Civil contra la discriminación y desigualdad de las mujeres
Normalmente el Código Civil recoge muchas de las concepciones reaccionarias que a nivel social se imponen sobre el papel subordinado y discriminado de las mujeres. Por eso como parte de la lucha ideológica y social que hay que dar contra esa discriminación resulta útil traducirlo también en las correspondientes reformas al Código Civil.
Estas reformas deberían incluir el reconocimiento de diversas formas de familias pues más allá del tipo de familia contemplada en la ley (y rara en la realidad) existen otras, como las cada vez más frecuentes de madres solteras, de parejas de un mismo sexo o incluso de padres que asumen la responsabilidad de sus hijos. Reconociendo los mismos derechos tanto para matrimonios como para uniones de hecho, sin el carácter peyorativo y de derechos disminuidos del concepto actual de concubinato. En todo caso, implica el reconocimiento de familias donde los integrantes de la misma o donde ambos miembros de la pareja tienen derecho aunque su contribución al desarrollo de la familia sea distinta, pero donde el trabajo doméstico es parte de esa contribución como trabajo socialmente necesario. Por lo tanto, implica modificar la idea de que las mujeres tienen derechos disminuidos porque deben depender absolutamente del hombre, lo que se refleja en derechos de propiedad, por ejemplo en los matrimonios de bienes compartidos, de causales de divorcio y consecuencias de abandono, de la patria potestad y otros casos más. Debe existir equidad en la responsabilidad y derechos de todos y todas las integrantes de la familia, en sus diversos tipo y para responsabilizar de la filiación a los padres.
Lo anterior sigue siendo muy necesario mientras no se avanza más a socializar el trabajo doméstico y responsabilidades de la crianza y cuidado de los niños o de los ancianos como labores exclusivas de las mujeres.
Como parte de ese proceso de socializar ese trabajo doméstico, incluyendo la alimentación, el cuidado de los hijos, el lavado de ropa y limpieza de casas hasta la manufactura de los vestidos, sigue siendo imperiosa la necesidad de guarderías y recursos suficientes al nivel de políticas públicas para los programas que benefician a las mujeres. La presión social y económica para incorporar a la mujer a la producción solamente trae más injusticias y opresión -una doble opresión- si se sigue considerando el trabajo doméstico como obligado y exclusivo de las mujeres al que adicionalmente se agrega el trabajo fuera de casa.
Indudablemente que la liberación de las mujeres no se da sólo en el ámbito político público, sino que incluye el ámbito familiar, privado.
40.- Derechos iguales para las mujeres trabajadoras
Además de que en las condiciones actuales la incorporación de las mujeres a la producción y en general al trabajo fuera de la cosas implica una doble opresión, como mujer y como trabajadora al no reconocerse el carácter socialmente necesario en la familia que no es ni pagado ni valorado, ya como trabajadora sufre discriminación y desigualdad por el hecho de ser mujer. Esta discriminación y desigualdad se manifiesta desde el hecho de considerar que hay labores propiamente femeninas y otras que no pueden desempeñar. Aún en aquellas que se admite el trabajo femenino, se discrimina cuando implica cargos de responsabilidad o jefatura. Peor aún, frecuentemente por un mismo trabajo se paga menos a mujeres. Por eso una demanda mínima es que a trabajo igual, pago igual.
Otra forma de discriminación a la que nos oponemos es nuevamente a la pretensión de controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres trabajadoras. Eso es lo que significa exigir examen de gravidez para el ingreso al trabajo, el despido por estar embarazada o en general el cálculo de que los recursos, el salario, las promociones para las mujeres jóvenes, sean trabajadoras o estudiantes, son menores porque su paso por el trabajo es necesariamente transitorio mientras se casan y se dedican al hogar.
El otro aspecto contra el que hay luchar, aunque parcialmente es reconocido como delito, es el hostigamiento sexual en el trabajo. El hostigamiento y el chantaje sexual para simplemente por el abuso de jefes y compañeros de trabajo debe ser combatido y explicado en los sindicatos y centros de trabajo pues no basta que esté prohibido por ley si socialmente no hay conciencia al respecto.
Igualmente se debe respetar el derecho a la sindicalización de las trabajadoras, situación de indefensión que ocurre frecuentemente en trabajos con mayoría femenina como son las maquiladoras fronterizas. También se requiere legislar para reconocer derechos laborales para las trabajadoras domésticas.
41.- Contra la triple opresión de las mujeres indígenas
La situación de las mujeres indígenas en el campo e incluso en las ciudades es peor por sufrir opresión por el hecho de ser mujeres, pobres e indígenas. Todos los derechos que exigimos en general para las mujeres deben complementarse en particular con la situación de las indígenas.
Entre estos derechos destaca el relativo a la propiedad en el campo y la herencia de esa propiedad. Este derecho debe ser igual al de los hombres y no debe excluirse del mismo a las mujeres. En general en la representación política igualmente debe reconocerse el derecho a la paridad entre hombres y mujeres, más aún en la perspectiva de lucha por la autonomía indígena.
Como parte de la actual lucha de los pueblos indios se reclama el respeto a usos y costumbres indígenas. Esto es correcto como parte de la resistencia de los pueblos indios exigiendo el respeto a su cultura, su lengua, e incluso a la autonomía en el gobierno. Pero los usos y costumbres también deben respetar los derechos humanos y los derechos de las mujeres. El respeto a las mujeres debe convertirse en otro uso y costumbre indígena, como han dicho las mujeres indígenas en lucha. Esto implica que las mujeres no deben ser excluidas de las decisiones públicas, que no deben ser expuestas a situaciones violentas, que no se nos impongan parejas, que no se venda a las mujeres, el derecho a la herencia, a decidir el número de hijos e hijas.
Aunque el artículo cuarto constitucional reconoce la igualdad entre hombres y mujeres esto no ocurre en la realidad porque debe considerarse también la diferencia entre desiguales y aplicarse políticas que enfrenten esa situación respetando la diferencia y la diversidad.
42.- Contra la violencia a las mujeres
La situación de opresión y subordinación que impera en la sociedad contra las mujeres alimenta y genera violencia contra las mujeres que permea y se reproduce en todas las esferas de la organización social yen muchos casos en las propias familias se trasmite a las hijas este modelo como si fuera un valor. Por eso, la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito público, sino también y de manera muy grave en el ámbito privado, es decir la violencia intrafamiliar. Por eso es que además de oponernos a la violencia en general contra las mujeres, también debe considerarse delito la violencia intrafamiliar e imponer el derecho de las mujeres a no ser víctimas de la violencia en el seno de sus propias familias, frente al esposo, el padre o los hermanos.
43.- Respeto a las preferencias sexuales de todas las personas
Como parte del esquema estereotipado del papel de los hombres y las mujeres y por tanto de lo femenino y masculino, se genera en la sociedad hostigamiento, persecución y discriminación contra homosexuales y lesbianas. Es parte de nuestra concepción democrática que implica el respeto a la diversidad y la diferencia, el que homosexuales y lesbianas deben ser respetados y no sufrir discriminación ni violación a sus derechos humanos, civiles y políticos a causa de sus preferencias sexuales.
Además del respeto a lugares de reunión y diversión de homosexuales y lesbianas, es posible codificar estos derechos también en reformas legislativas lo que igualmente será producto de un cambio en la relación de fuerzas y el avance a nivel social del derecho del movimiento gaya expresarse públicamente. Las reformas legislativas deberían incluir el que la propia Constitución Política considerara como parte de las garantías individuales el respeto a la orientación y preferencia sexual de las personas. De ahí se desprenden derechos en diversos ámbitos, como los relativos al Código Civil que ya hemos mencionado, al reconocer diversos tipo de familia y por lo tanto derechos, facultades y obligaciones a parejas lésbicas y homosexuales con las consecuencias jurídicas inherentes a dichas prerrogativas (en personas, bienes, obligaciones y sucesiones). Con motivo de la pandemia del SIDA se dió una nueva ola de prejuicios contra homosexuales y lesbianas. Es claro que el VIH y el SIDA afectan por igual y se ha propagado por igual entre homosexuales y heterosexuales, sin ser enfermedad exclusiva de homosexuales como esa visión reaccionaria quiso presentar. Pero también es cierto que en el tratamiento y combate al SIDA se ejercen prejuicios contra homosexuales que deben ser superados. Las políticas públicas por tanto deben insistir en proporcionar información veraz a la población, así como el facilitar el que la población tenga acceso fácil y barato a condones, así como información sexual.
Regresar
VIII. POR UNA LUCHA CONSECUENTEMENTE ECOLOGISTA
44.- Producir respetando el medio ambiente
En el PRT, entendemos que este problema trasciende las fronteras de los países; pero reconocemos que son los trabajadores, los campesinos, las mujeres, los colonos, es decir, los de abajo los que consecuentemente pueden enfrentar este grave problema de deterioro ambiental. Se trata no sólo de una parte del medio ambiente. Es una lucha donde todo ser humano debe ser consciente de ese impacto ambiental en los medios acuático, terrestre y atmosférico, que se abate la riqueza de lo vivo y que ésta es fundamental para nuestra propia supervivencia. Sin embargo, estamos en contra de responsabilizar por igual a cualquier ciudadano sin distinción de raza, sexo o nacionalidad.
Por el contrario, tiene que ver de manera central con las clases sociales en las que está dividida nuestra sociedad. No somos los trabajadores los responsables de ese deterioro ambiental; son los patrones y sus instrumentos de control y poder social y político -el aparato de Estado.-los que tienen la responsabilidad, pues en su afán de lucro no escatiman ningún nivel de deterioro al ambiente.
El PRT lucha por exigir que los patrones y su gobierno asignen presupuestos suficientes para procesos de reforestación, el mantenimiento, control y manejo de parques y zonas de reserva ecológica con la participación decisiva de las comunidades campesinas e indígenas. El PRT exige la aplicación de impuestos a empresarios cuyas industrias contaminen cuerpos de agua, atmósfera, suelos y subsuelos.
Nos manifestamos porque se revisen los acuerdos del TLC en relación a este problema para tener igualdad de condiciones y normas con Estados Unidos y Canadá. Nos manifestamos en contra de que los países de América Latina y en particular el nuestro sean tratados como basureros de los países industrializados.
El PRT defiende las formas organizativas y de producción de las comunidades y pueblos indios como una manifestación de resistencia contra el colonialismo y actualmente contra las formas capitalistas de producción agrícola. Se trata de una forma comunal y de policultivos -que hoy se denominan desarrollo sustentable- para mantener un proceso equilibrado entre las necesidades humanas y un uso racional de los recursos naturales. Como este ejemplo, en el conjunto de la sociedad humana y muy especialmente entre los de abajo existen alternativas viables para el equilibrio ambiental que se necesita.
Regresar
IX. POR LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO
45- En contra de la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los asuntos económicos y políticos del país
El gobierno mexicano ha firmado pactos con el FMI por medio de los cuales se compromete a seguir determinadas políticas económicas y sociales. Este hecho vale más que cualquier discurso populista del gobierno mexicano. Nosotros decimos: ese pacto no fue hecho por los trabajadores o por los campesinos, sino por la burguesía su gobierno. Por lo tan o amamos a los trabajadores a oponemos a esos pactos, a luchar por su anulación y rescatar la soberanía nacional que es entregada por la burguesía.
46.- Por la defensa de los trabajadores indocumentados
Otra vez diremos que el fracaso de la reforma agraria ha orillado a muchos mexicanos a salir del país, a cruzar la frontera y sumergirse en un pantano de malos tratos y explotación. Es una muestra palpable de la inoperancia e incapacidad de este sistema que vivimos, por ello los trabajadores mexicanos radicados en el extranjero deben gozar plenamente de todos los derechos ciudadanos desde el trabajo hasta vivir en paz, sin la amenaza de la deportación.
47.- Desconocimiento de la deuda externa
El endeudamiento externo en que el gobierno del PRI ha sumido al país, de alrededor de los 100 mil millones de dólares, además de hipotecar al país, pone su destino en manos de: los bancos internacionales y gobiernos extranjeros, que controlan lo más importante de nuestra economía y la producción. Los millones de dólares que se pagan como créditos al exterior deben usarse para beneficio de los trabajadores mexicanos. Por ello la deuda externa debe ser desconocida y convocar a las naciones deudoras a hacer lo mismo.
48.-Por la defensa del patrimonio nacional
En su desenfrenada política privatizadora, el gobierno se ha propuesto que los ferrocarriles, carreteras, puertos, petroquímica secundaria, electricidad y otros sean un campo de inversión del capital privado. El patrimonio nacional está siendo destruido y hoy atentan contra una adquisición producto de la lucha de los trabajadores y del pueblo mexicano contra las empresas extranjeras: Pemex. La venta de las empresas de la petroquímica secundaria, que forman parte de Pemex, significaría transformar a la industria petrolera nacional en el simple papel de suministradora de materia prima a las grandes empresas trasnacionales. Ello no sólo afectará los intereses y derechos de los trabajadores petroleros, sino que acentuará la subordinación del país a los intereses extranjeros y en lugar de ser un factor de desarrollo lo será de atraso.
Regresar
X. POR EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO
49.- Por el apoyo a la lucha de los países coloniales y semicoloniales en contra del imperialismo y por su liberación nacional.
Los trabajadores y los campesinos mexicanos deben apoyar la lucha de los pueblos en contra del imperialismo, como es el caso del pueblo palestino o la resistencia de la revolución cubana frente a las provocaciones imperialistas. Su lucha es parte de nuestra liberación.
Los trabajadores mexicanos deben también mostrar su solidaridad con todos aquellos sectores de la clase obrera, en cualquier lugar del mundo, que estén luchando por la destrucción del sistema de explotación capitalista. Es parte de nuestra lucha por acabar con toda forma de explotación y opresión, es decir, por el socialismo.
Regresar
XI. POR UN GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS
50.- Por la alianza obrera y campesina. Por un gobierno obrero y campesino.
Desde el principio mismo de alguna lucha de obreros o campesinos debemos plantear la necesidad de la alianza. Una de las grandes tragedias de la Revolución de 1910 consistió precisamente en que no se dio dicha alianza. Es imposible llevar a cabo una transformación social en México solamente con la clase obrera y a la vez como ya se demostró, es imposible transformar las relaciones de propiedad sin los obreros. Por eso el PRT trabaja por la alianza de los obreros y los campesinos y, así, en ese camino, trabaja parla creación del único gobierno de las mayorías, es decir, por el gobierno obrero y campesino. Solamente ese gobierno es el que puede darle una salida favorable, para los sectores mayoritarios de la población, a la crisis actual. Solamente un gobierno de esa naturaleza puede satisfacer las necesidades de las clases explotadas. Solamente un gobierno de esa naturaleza puede darle salida a todas esas reivindicaciones que planteamos.
Dicho gobierno debe estar basado en la autoorganización de los obreros, campesinos, colonos y trabajadores en general, tanto del campo como de la ciudad, quienes tendrían en sus manos las decisiones fundamentales en el país.
Regresar
XII. MEDIDAS PARA LLEVAR A LA PRACTICA EL PROGRAMA DEL PRT
En cumplimiento del artículo 26 del COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), el Partido Revolucionario de los Trabajadores expone las medidas y medios que utilizará para realizar su programa.
a) Para realizar sus principios y alcanzar sus objetivos, así como las soluciones políticas propuestas, el PRT presenta su proyecto de organización social al pueblo trabajador para que lo discuta, lo modifique, lo apoye y lo haga suyo. Todos los mexicanos de acuerdo con este programa actuarán a través de sus organizaciones sociales, en los comicios electorales, por medio de concentraciones populares, realizando huelgas y acciones reconocidas por la constitución, para aplicar y defender sus posiciones. Así, las medidas a adoptar por el PRT para conseguir los objetivos señalados en su programa, quedan englobadas en la movilización de masas, en la acción organizada y unidad del pueblo.
b) La acción de masas será más eficaz en la medida en que los mexicanos de acuerdo con este programa sean más concientes de su situación y responsabilidad. La mayor comprensión sólo se consigue a través de la propia experiencia en la lucha, del estudio y de la aplicación profunda de los principios y líneas políticas que el PRT sostiene. La afirmación y desarrollo de la conciencia política se convertirán en realidad mediante la más amplia y organizada actividad de propaganda y educación política. Para ello, el PRT editará periódicos, revistas, libros y toda clase de publicaciones, y utilizará, de acuerdo con sus derechos legales, los medios de información. Al mismo tiempo reuniones de estudio. Las medidas para elevar la comprensión de sus afiliados y de las masas trabajadoras en general de su programa serán la realización de la más amplia propaganda y educación política. La formación ideológica y política deberá infundir en los "afiliados al partido el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política tanto del' partido, como en general de la sociedad.
Acorde con sus principios a favor de la lucha democrática asegurará los medios para preparar la participación activa de sus miembros en los procesos electorales, por medio de cursos de capacitación, educación y práctica política para contribuir a que se respete el derecho democrático a elegir y que el voto sea respetado.